Procesos intergubernamentales

La CRM, creada en 1996, es un mecanismo multilateral que reúne a 11 países miembros de América del Norte y Central, así como del Caribe, para debatir y abordar cuestiones migratorias en la región. Los países participantes son Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y los Estados Unidos de América.  

La CRM tiene como objetivo facilitar el diálogo, la cooperación y el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas entre los Estados miembros para fortalecer la gobernanza de la migración, proteger los derechos humanos de los migrantes, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables, promover vínculos adecuados entre migración y desarrollo sostenible y definir prioridades estratégicas. A través de sus reuniones y grupos de trabajo, la CRM permite a los Estados miembros colaborar en el desarrollo de políticas, desarrollar capacidades e implementar iniciativas regionales.

La CSM, creada en el año 2000, es un foro regional que reúne a 12 Estados miembros, entre ellos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, y se enfoca en dialogar sobre asuntos migratorios dentro de América del Sur.

Este proceso regional intraestatal se distingue por la perspectiva de posicionamiento de los derechos humanos de los migrantes como centro de las propuestas políticas y de la interpretación de la cuestión migratoria. También se distingue por centrarse en las causas que determinan los procesos migratorios, las consideraciones relacionadas con las contribuciones que hacen los migrantes a los países de acogida y la necesidad de incorporar a la sociedad civil en los procesos de formulación e implementación de políticas en esta materia.

Los efectos de estos procesos se ven claramente en las políticas nacionales y acuerdos subregionales de migración que se han implementado en la región. Sin lugar a duda, la CSM ha desarrollado una perspectiva particular sobre la gobernanza migratoria en la órbita de América del Sur y ha contribuido a la inclusión de temas y enfoques innovadores en las instancias multilaterales especializadas en migración.

Desde 2020 propone una nueva forma de trabajar a través de la consolidación de seis redes temáticas, Género y migración; Gestión de fronteras; Infancia y adolescencia de los migrantes; Tráfico ilícito de personas y la trata de migrantes; Integración social y laboral: Trabajo y educación; y Medio ambiente, cambio climático, catástrofes y migración. En 2023 y en el marco del encuentro por la XXI CSM, todos los Estados miembros aprobaron una adenda para la participación formal de las organizaciones de la sociedad civil.

La RIAM, creada en 2012, reúne a 21 Estados miembros y sirve de foro interregional sobre migración que abarca las Américas y Europa. Los Estados miembros incluyen a Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.  

La RIAM proporciona una plataforma para que las autoridades de inmigración participantes de los países iberoamericanos intercambien buenas prácticas y potencien la cooperación. La RIAM tiene como objetivo fortalecer la cooperación técnica, consolidar los mecanismos para el intercambio de información, capacitar a los funcionarios en materia de control migratorio, institucionalizar los procesos migratorios y establecer alianzas estratégicas para la lucha contra los delitos transnacionales asociados a la migración. La RIAM también se enfoca en mejorar la gestión de la migración dentro de los marcos legales y reglamentarios de cada Estado miembro.

El Proceso de Quito es una iniciativa regional establecida en 2018 que consiste en 13 países de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.  

El Proceso de Quito ha servido de plataforma vital para coordinar los esfuerzos humanitarios en respuesta a la crisis venezolana entre los gobiernos de los países de acogida de toda la región. Además ha facilitado la alineación de las políticas nacionales. En este contexto, los gobiernos han reconocido la necesidad crucial de potenciar la ayuda humanitaria y promover la integración de los refugiados y migrantes en las comunidades de acogida. El Proceso de Quito hace énfasis en un enfoque de gobernanza de la migración que se basa en los derechos humanos y pretende fomentar la solidaridad y el reparto de responsabilidades entre los Estados participantes.

El MIRPS, creado en 2017 y conformado por siete países, entre ellos, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá, tiene como objetivo coordinar las respuestas regionales al desplazamiento forzado y promover soluciones duraderas para los refugiados y migrantes en toda América Central y México. En consonancia con el Pacto Mundial sobre los Refugiados, promueve la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino para abordar los desafíos del desplazamiento. La Plataforma de Apoyo MIRPS, lanzada en 2019, contribuye a estos esfuerzos al fomentar el reparto de responsabilidades y recabar apoyo de los Estados, instituciones financieras y otras partes interesadas. La Presidencia Pro-tempore rota de forma anual entre los Estados miembros para liderar los objetivos regionales, lo que incluye facilitar los planes nacionales de acción, compartir las mejores prácticas, generar conciencia a nivel internacional, destacar las contribuciones de los refugiados y movilizar la cooperación internacional.

El Foro Especializado Migratorio opera en el marco del MERCOSUR, un bloque comercial regional en América del Sur. Se enfoca en las cuestiones migratorias específicas de los Estados miembros del MERCOSUR, incluidos Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y los miembros asociados.

El foro tiene como objetivo promover el diálogo, la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros para abordar los desafíos de la migración, proteger los derechos de los migrantes y potenciar la integración regional. Aborda una amplia gama de asuntos, tales como la migración laboral, la protección de refugiados, la migración irregular y la integración social de los migrantes dentro de los países del MERCOSUR.

Las Comisiones Nacionales para los Refugiados (CONARE) son organismos colegiados interministeriales encargados de determinar el estatuto de refugiado en varios países sudamericanos. Estas comisiones gestionan procedimientos administrativos para determinar el estatuto de refugiado, con medios de revisión o apelación, por lo general con el asesoramiento del ACNUR. Además, los CONARE tienen un papel fundamental en la integración local de los refugiados a través de programas específicos que los empoderan para coordinar políticas públicas para lograr soluciones sostenibles.